¿Los últimos días de España?

La Mezquita
de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por
Abderramán I



Doce siglos
después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica
inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad
número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El
trámite costó apenas 30 euros.



Tal robo fue
posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar
cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse
de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los
españoles: basta con que el señor obispo dé fe y
certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo
milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de
Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los
gastos de conservación.



La entrada
en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año
recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y
es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo
y, como tal, está exento de tributación.



El obispado
de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad.
También decide quién puede trabajar en ella como guía y
quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el
acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de
sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y
[b][b]conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado[/b][/b].


Desde 1998,
la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos
financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad


Zapatero no
[b][b]cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla
en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el
PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al
Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es
poco dinero.[/b][/b]


Que la
Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval,
nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica.
Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a
[b][b]Rajoy[/b][/b]

Érase una vez un comerciante de armas cuya empresa fabricaba bombas de
racimo que vendía, entre otros, al gobierno de su país. Y resultó que
su país firmó un convenio internacional contra esas bombas, que dejó
de comprar. Entonces el comerciante denunció al gobierno por dejar de
comprar esas armas (supongo que habría un contrato con la empresa
fabricante que le comprometía a unas compras con sus correspondientes
pagos).
Y resultó que hubo un cambio de gobierno, y el nuevo presidente tuvo
la ocurrencia de nombrar como ministro de Defensa a dicho comerciante
de armas: ¿alguien lo puede mejorar? Ahora el comerciante,
transmutado en ministro, pagará a su antigua empresa la indemnización
correspondiente, un pellizquito de 40 millones de euros.
PREGUNTA: ¿de qué país y de qué época son estos hechos? ¿del quinto
mundo? ¿de un pasado oscuro? La respuesta, a continuación.

El Ministro de Defensa de España pagará 40 millones a su antigua
empresa por prohibir las bombas de racimo.

ES DE LOS MAYORES ESCÁNDALOS
QUE ESTÁN PASANDO ... que ya es decir mucho.

Pedro Morenés, ministro de Defensa, fue consejero de la
empresa de fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007.
Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de
2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Instalaza fabricaba bombas de racimo.

El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que
Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el
Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de
desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de
las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del
Tratado de Dublín. Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en
mayo de 2011, cuando Morenés era su representante, que pediría una
compensación económica al Ejecutivo en concepto de "daño emergente y
lucro cesante".

Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera
empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Ministro pagará
diciendo que no es su empresa la que cobra. El dinero saldrá de los
impuestos de todos, naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que
mutilan a niños. Porque las submuniciones esparcidas por las bombas
fabricadas por Morenés tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%,
por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo
peligrosas tiempo después de terminada la guerra. Especialmente para
los niños por sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas
de refrescos. Porque es así como las camufla la empresa del Ministro.

¿De verdad no había en todo el país otra persona que pudiera
ser Ministro de Defensa?

“Éste es un pais de chorizos, lo digo con todo el respeto… y el pueblo tiene que decir ¡basta! El Gobierno está propiciando el fraude fiscal. Son unos ineptos. Ni la patronal ni los sindicatos son independientes, están todos comprados con subvenciones. La gente de más de 45 años que éste en el paro no volverá a trabajar nunca más. Nuestros universitarios se van de este pais, en los centros estamos preparándolos para que se vayan a trabajar a Alemania y Estados Unidos.Yo, seguramente, me iré, porque un pais que no tiene capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser… ¡Venga a desaparecer las empresas, venga a subir los impuestos, venga el IVA! Bueno, bueno, don Mariano, un momento…” Cinco minutos de la intervención del economista catalán José Maria Gay durante la mesa debate que tuvo lugar en Elche (Alicante), a finales de septiembre, como cierre de la celebración de las XIX Jornadas Tributarias de la Comunidad Valenciana.



Podéis ver el vídeo en este enlace, son unas declaraciones súmamente interesantes:

http://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2012/10/24/la-gente-de-mas-de-45-anos-que-este-en-el-paro-no-volvera-a-trabajar-nunca-mas-jose-maria-gay/

New York Times publica los nombres de los grandes defraudadores españoles

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University